Por Chester Hernández
Puebla, Pue., 17 de septiembre de 2025. — En una rueda de prensa convocada en pleno Centro Histórico de Puebla, los líderes de la UPVA «28 de Octubre», Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” y su hijo Xihuel Sarabia Reyna, lanzaron nuevamente acusaciones sin sustento contra el Gobierno del Estado, esta vez en relación con recientes hechos violentos donde han aparecido narcomensajes vinculando a presuntos líderes del comercio informal con actividades criminales.
La organización, conocida por su historial de chantajes, bloqueos y confrontaciones con autoridades municipales y estatales, ahora se deslinda de los señalamientos que aparecen en las cartulinas dejadas junto a cadáveres en distintos puntos de la ciudad. En ellas se menciona directamente a alias como “Fede”, “Chupón”, y “los de Chapa”, supuestos integrantes o cercanos a la agrupación. La respuesta de la UPVA ha sido culpar directamente al gobierno de fabricar los mensajes para «sembrar psicosis».
La misma estrategia de siempre: victimizarse
Los líderes de la 28 de Octubre no ofrecieron ninguna prueba concreta para respaldar sus afirmaciones. En cambio, utilizaron la tragedia de cuerpos abandonados con signos de tortura para reiterar su discurso de “persecución política”, una narrativa que han explotado durante décadas para presionar políticamente y evitar el cumplimiento de la ley.
Simitrio incluso sugirió, sin pruebas, que las cartulinas firmadas por “FM” (presuntamente la Familia Michoacana) fueron colocadas por el propio gobierno. Irónicamente, esta declaración fue hecha apenas días después de que miembros de su organización protagonizaran nuevos enfrentamientos por la disputa de espacios en vía pública, justo en fechas clave como el Grito de Independencia.
El diálogo que no les conviene
En la conferencia, también se ventiló el rompimiento de las negociaciones con el Gobierno estatal. Según su versión, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, interrumpió el diálogo molesto por la falta de seriedad de los dirigentes. Sin embargo, fuentes oficiales confirman que fue la UPVA la que se negó a aceptar condiciones mínimas de legalidad para el comercio informal.
“No se puede dialogar con quien exige impunidad”, declaró recientemente una fuente del gabinete estatal bajo anonimato. Y es que la organización se ha negado sistemáticamente a aceptar reubicaciones, reglamentos municipales o incluso padrones de ambulantes.
Narcoviolencia y oportunismo político
Resulta particularmente grave que los líderes de la 28 utilicen hechos de violencia, como el hallazgo de cuerpos con mensajes firmados por presuntos grupos criminales, para victimizarse y desviar la atención sobre lo que verdaderamente ocurre: una escalada delictiva que afecta a comerciantes y ciudadanos por igual, especialmente en zonas donde históricamente ha operado la organización.
En vez de colaborar con las investigaciones, la UPVA prefiere politizar la violencia y escudarse en discursos de represión, ignorando que detrás de cada cadáver hay familias que exigen justicia, no propaganda.
