Por Chéster Hernández
Lejos de consolidarse como un bastión de legalidad, persisten prácticas que remiten a viejos vicios: opacidad, discrecionalidad y, en algunos casos, la sospecha constante de corrupción.
A pesar de los esfuerzos institucionales por imponer orden, no son pocos los jueces y juezas que continúan actuando como si el escrutinio público no existiera. Lo más preocupante no es solo la conducta en sí, sino la reacción posterior: cuando se les exige rendición de cuentas o se les aplican medidas disciplinarias, las quejas y lamentos surgen en voz baja, como si se tratara de víctimas y no de funcionarios obligados a cumplir la ley.
Un caso que ilustra esta problemática se encuentra en el Juzgado Quinto Civil, donde, de manera difícil de explicar, han desaparecido pruebas relevantes. La responsabilidad recae en la jueza María Cristina Barrera Méndez, quien tenía bajo su resguardo el expediente 856/2019. La desaparición de elementos probatorios en un proceso judicial no es un hecho menor: compromete la integridad del juicio, vulnera derechos y siembra dudas legítimas sobre la imparcialidad del órgano jurisdiccional.
La pregunta es inevitable: ¿se trató de una negligencia grave o hubo intereses de por medio? No sería la primera vez que se señalan posibles incentivos indebidos —los llamados “viáticos revolucionarios”— o incluso la existencia de “líneas” dictadas desde otras esferas de poder. Aunque no existen, hasta el momento, respuestas claras, el silencio institucional solo alimenta la sospecha.
La justicia no puede operar bajo sombras ni depender de voluntades individuales. La confianza ciudadana se erosiona cada vez que un expediente se manipula, se extravía o se altera sin consecuencias. Más aún, cuando quienes deberían garantizar el debido proceso parecen evadir la responsabilidad.
Es momento de que el Tribunal Superior de Justicia no solo actúe, sino que lo haga con firmeza y transparencia. La depuración interna no es opcional: es una necesidad urgente si se pretende recuperar la credibilidad de una institución que, hoy por hoy, enfrenta un serio cuestionamiento público.
