Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2025.– En una sesión extraordinaria que dejó más sombras que certezas, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó este miércoles, con 38 votos a favor y ninguno en contra, la designación de Grecia Quiroz como alcaldesa sustituta de Uruapan, tras el asesinato de su esposo, el presidente municipal en funciones, ocurrido la semana pasada.
Lejos de ser un acto de sensibilidad institucional, la decisión del Congreso fue percibida como un movimiento político calculado, impulsado desde el Gobierno del Estado, más interesado en preservar la imagen de “estabilidad” que en responder ante la grave crisis de violencia que golpea al municipio. El gobernador se limitó a felicitar el nombramiento, evitando pronunciarse sobre la falla del Estado en proteger a una autoridad asesinada en funciones.
El Congreso, por su parte, se sometió sin cuestionamientos. No hubo debate sobre las condiciones de seguridad en Uruapan, ni exigencias de justicia, ni rendición de cuentas por el homicidio que evidencia el colapso de la gobernabilidad en Michoacán. En apenas unos minutos, los diputados resolvieron la sucesión como si se tratara de un trámite burocrático, no del síntoma más grave de un Estado arrinconado por la violencia.
El silencio y la unanimidad del Poder Legislativo son hoy el reflejo de su incapacidad para representar los intereses de la ciudadanía. La designación de la viuda del alcalde asesinado, lejos de ser un acto de respaldo humano, parece una maniobra política para contener el escándalo y simular continuidad en un municipio donde la autoridad fue abatida a balazos.
El gobernador, atrapado en su discurso de “control y coordinación”, se ha convertido en el principal responsable de la parálisis institucional. Su gobierno prometió paz, pero los hechos lo contradicen: los alcaldes son asesinados, los municipios están sitiados y las familias viven bajo la ley del miedo.
Grecia Quiroz asume un cargo en circunstancias dolorosas y heroicas, pero también injustas: carga con el duelo personal y con la responsabilidad política de gobernar una ciudad desangrada, mientras el Congreso y el Ejecutivo se reparten culpas y aplausos.
Michoacán no necesita más simulaciones. Necesita que su Congreso recupere la voz y que su gobernador asuma la responsabilidad que le corresponde. Lo ocurrido en Uruapan no es un trámite legislativo: es una tragedia política que desnuda la indolencia y el fracaso del poder estatal frente a la violencia que consume a sus municipios.
