Por Chéster Hernández
El presunto regreso del llamado “Cártel Puebla” vuelve a encender las alarmas sobre los vínculos entre antiguos operadores criminales y figuras del poder público en el estado. El nombre de Jorge Aduna Villavicencio reaparece nuevamente en escena, pese a los señalamientos que desde hace años lo relacionan con hechos de extrema violencia ocurridos en Puebla y Tlaxcala.
Aduna Villavicencio fue señalado desde 2016 por su presunta participación en ejecuciones y actos de tortura contra al menos seis personas, en una etapa marcada por la disputa entre grupos criminales que buscaban controlar la región. De acuerdo con versiones que circularon en ese periodo, el operador mantenía cercanía con Facundo Rosas Rosas, exfuncionario ligado a corporaciones de seguridad, con quien supuestamente intentó consolidar la creación del denominado “Cártel Puebla”.
El proyecto criminal habría incluido la incorporación de un lugarteniente traído desde Michoacán, identificado con el alias de “El Apache”, personaje que supuestamente sería pieza clave para fortalecer las operaciones del grupo delictivo. Sin embargo, los planes se vieron truncados tras una violenta masacre registrada en un palenque del municipio de Cuautlancingo, donde varias personas fueron ejecutadas en medio de una presunta búsqueda para localizar a “El Apache”. Aquellos hechos, ocurridos también en 2016, dejaron una profunda huella de violencia e impunidad.
Hoy, casi una década después, Jorge Aduna vuelve a aparecer públicamente, esta vez al lado del actual secretario de Seguridad Pública, situación que inevitablemente despierta cuestionamientos y sospechas. ¿Se trata únicamente de una coincidencia política o existe un acuerdo para permitir que viejas estructuras criminales continúen operando en las sombras?
Las dudas crecen al recordar que este personaje también habría mantenido operaciones con grupos asentados en Alzayanca, Tlaxcala, una zona señalada durante años por actividades relacionadas con el crimen organizado y el tráfico ilegal. La presencia de perfiles con antecedentes tan delicados cerca de instituciones de seguridad representa un golpe a la credibilidad de las autoridades y revive el temor de que el crimen vuelva a infiltrarse en espacios de poder.
La ciudadanía merece respuestas claras. Puebla no puede permitirse regresar a los años donde las ejecuciones, los pactos oscuros y la impunidad marcaron el rumbo de la seguridad pública.
