Puebla, 24 de septiembre de 2025. – Las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en las que anuncia una intervención profunda en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), revelan una realidad que en Puebla ha sido largamente ignorada: la descomposición institucional de un organismo que, lejos de garantizar el derecho al agua, ha sido cómplice —por omisión o por corrupción— del despojo y la privatización de un recurso vital.
Durante años, Conagua ha operado en la entidad poblana bajo un esquema que favorece a intereses particulares, mientras comunidades rurales, municipios enteros e incluso zonas urbanas padecen escasez, cortes constantes y contaminación de sus fuentes hídricas. La denuncia de la presidenta sobre el uso irregular de concesiones en balnearios, campos de golf o venta mediante pipas, resuena con especial fuerza en una región donde el agua es cada vez más un privilegio.
En Puebla, los casos abundan. Las concesiones entregadas a grandes industrias, sobre todo del sector textil, agroindustrial y embotellador, contrastan con la negligencia para garantizar el abasto en juntas auxiliares, colonias marginadas o zonas afectadas por la sobreexplotación de mantos acuíferos. La autoridad local de Conagua no solo ha tolerado estas prácticas: ha contribuido al caos mediante trámites opacos, inspecciones inexistentes y una nula voluntad de fiscalización.
Los hallazgos presentados por el gobierno federal —trámites rezagados, duplicación de concesiones, títulos sin vigencia o con coordenadas erróneas— no son errores menores ni fallas técnicas: son síntomas de una estructura podrida, sostenida por la complicidad institucional y la captura de la autoridad por parte de intereses económicos.
Más preocupante aún es que, pese a estas evidencias, la delegación de Conagua en Puebla ha permanecido inalterada, operando sin cambios significativos ni rendición de cuentas. ¿Quiénes han sido los responsables de avalar concesiones ilegales? ¿Por qué no se han frenado los abusos que afectan directamente a la población? ¿Hasta cuándo se permitirá que el agua sea tratada como un negocio y no como un derecho humano?
La intervención anunciada por Sheinbaum es necesaria, pero no será suficiente si no se actúa con rigor en estados como Puebla, donde la corrupción hídrica tiene rostro, nombre y estructura. El país exige transparencia, pero sobre todo justicia para quienes han sido víctimas de un modelo que ha privilegiado a los poderosos, mientras millones siguen abriendo la llave… y no sale nada.
