Por Chéster Hernández.
Tehuacán, Puebla.— Lo que debía ser una jornada de inclusión y celebración para niñas y niños con discapacidad terminó convertido en un episodio de tensión y controversia. Durante una carrera organizada por la escuela Gabriela Blimer, institución dedicada a la atención de menores con necesidades especiales, se registró un altercado protagonizado por la delegada del Bienestar, Monserrat Martínez Herrera, quien acudió al evento sin ser invitada, acompañada de un individuo identificado por padres de familia como Roberto Sarmiento, presuntamente vinculado a un grupo del llamado Bukanas.
De acuerdo con testimonios de padres de familia y organizadores, la funcionaria irrumpió en la actividad exigiendo un trato preferencial, además de agredir verbalmente a uno de los organizadores de este evento qué año con año apoya esta causa. La delegada argumentando haber contribuido con una cantidad de 500 pesos para la realización del evento. Esta actitud generó incomodidad entre los presentes, quienes señalaron que la actividad tenía un carácter estrictamente social y educativo, sin fines políticos ni promoción personal.
El momento más delicado ocurrió cuando la delegada comenzó a tomarse fotografías con menores de edad sin el consentimiento explícito de sus padres o tutores. Esta acción fue duramente criticada por los asistentes, quienes recordaron que la exposición de imágenes de niñas y niños sin autorización puede constituir una violación a sus derechos y a la normativa vigente en materia de protección de datos personales y derechos de la infancia.
Asimismo, testigos afirmaron que Martínez Herrera expresó abiertamente sus aspiraciones políticas, asegurando que sería la próxima diputada del municipio. Estas declaraciones, realizadas en un contexto escolar y frente a menores, fueron consideradas por muchos como inapropiadas y oportunistas.
El incidente ha reavivado el debate sobre el uso de espacios comunitarios y eventos sensibles para la promoción política. Cada vez es más frecuente observar a figuras públicas que buscan visibilidad en actividades que no organizaron ni financiaron significativamente, lo que genera cuestionamientos sobre la ética y el respeto hacia los verdaderos protagonistas de estos encuentros.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la delegación del Bienestar en relación con estos hechos. Sin embargo, la indignación entre padres de familia y docentes es evidente, quienes exigen respeto, prudencia y, sobre todo, la protección de los derechos de los menores.
Este episodio deja en claro la necesidad de establecer límites claros entre la función pública y la vida comunitaria, especialmente cuando se trata de sectores vulnerables. La inclusión no debe ser utilizada como plataforma política, sino como un compromiso genuino con la dignidad y el bienestar de quienes más lo necesitan.
