Por Chéster Hernández
Puebla, Pue. — La Fiscalía General del Estado de Puebla ya no imparte justicia: la trafica, la vende y la prostituye. El organismo encargado de proteger al ciudadano se pudre bajo el control de Oswaldo Jiménez Juárez, Fiscal de Investigación Metropolitana, señalado como torturador, acosador, corrupto y usurpador del poder interno.
Desde la destitución del exfiscal Luis Antonio León Delgadillo por extorsión, Jiménez Juárez se erigió como el verdadero dueño de la Fiscalía. Nada se mueve sin su autorización. Decide nombramientos, destituciones, traslados y favores a cambio de dinero o lealtad. En los pasillos lo llaman “el torturador”, y no por rumor: múltiples testimonios de trabajadores y víctimas lo acusan de torturas durante interrogatorios, acoso sexual a subordinadas y manipulación de expedientes.
Funcionarios fuera de la ley
Lo más grave es que Oswaldo Jiménez Juárez y su pandilla ni siquiera están certificados por el CUP (Centro Único de Evaluación y Control de Confianza), requisito indispensable para ejercer cargos de procuración de justicia. Es decir, quien dirige la investigación criminal en Puebla no cumple con los estándares de control y confianza exigidos por la ley.
No solo gobierna mediante el miedo, sino que lo hace ilegalmente, rodeado de colaboradores que tampoco están certificados y que fueron traídos desde el Estado de México, donde Jiménez operaba antes como coordinador en la Fiscalía de Secuestros.
La red del torturador
Entre los beneficiados de su red de poder figuran Diego Idalias, movido a la Fiscalía de Delitos de Alta Incidencia, y Tania Nallely Salmerón Mejía, su pareja y ahora titular de la Fiscalía de Investigación Regional. Ambos son señalados por extorsionar ministerios públicos, sembrar droga en cateos, saquear inmuebles y exigir dinero o regalos costosos a cambio de favores laborales.
Otra pieza clave es Jenny González, encargada del C5, acusada de fabricar delitos y cobrar hasta 100 mil pesos por liberar detenidos. Todo bajo el amparo de Oswaldo Jiménez, quien la mantiene intocable.
La red se completa con María de los Ángeles Servín Sánchez, Juan Mateo González, Inés Romo, Michel Becerril, Rodrigo Campa, Bonifaz e Hiram, todos ellos provenientes del Estado de México, colocados estratégicamente para controlar las áreas que generan dinero sucio.
En la Coordinación General de Vehículos, a cargo de Hiram, existe una “tabla de cuotas” para liberar autos recuperados que va de 5 mil a 60 mil pesos, según el modelo del vehículo.
Una Fiscalía sin moral, sin ley y sin vergüenza
La corrupción está tan institucionalizada que hoy la justicia tiene tarifa. Una carpeta de investigación cuesta, un traslado cuesta, una firma cuesta. Los pocos trabajadores honestos sobreviven bajo amenazas o son desplazados. Los ciudadanos, por su parte, pagan entre 30 y 40 mil pesos para recuperar un auto robado, mientras miles de casos se congelan por “intereses internos”.
Y todo esto bajo el mando de un funcionario sin certificación de confianza, sin ética y sin límite moral.
El daño es devastador: Puebla vive bajo una Fiscalía convertida en empresa criminal, donde la tortura, el acoso y la extorsión son prácticas cotidianas.
Exigencia al poder
El llamado es urgente. El gobernador del estado no puede seguir mirando hacia otro lado mientras una red de funcionarios ilegales y corruptos saquea la institución que debería proteger a los poblanos.
Oswaldo Jiménez Juárez y su círculo deben ser investigados, separados del cargo y procesados penalmente. No basta con remover nombres: hay que limpiar la podredumbre completa.
Porque hoy, la Fiscalía General del Estado de Puebla no es un órgano de justicia. Es un cartel con credencial oficial.
