Por Chéster Hernández
PUEBLA, PUE.– Lo que ocurre dentro del Penal de San Miguel ha dejado de ser un rumor para convertirse en una denuncia constante, incómoda y profundamente alarmante. Familiares de personas privadas de la libertad han comenzado a romper el silencio para exhibir lo que describen como una red sistemática de corrupción, abuso de poder y complicidad institucional. La pregunta es inevitable: ¿quién responde por esta realidad y, sobre todo, a cambio de qué se sostiene?
Los testimonios coinciden en un punto central: dentro del penal, la ley parece inexistente. Todo tiene precio. Desde el acceso a insumos básicos hasta condiciones mínimas de dignidad, nada fluye sin dinero de por medio. La prisión, lejos de cumplir su función de reinserción social, ha sido convertida —según los denunciantes— en un negocio que lucra con la necesidad y la desesperación de las familias.
Uno de los mecanismos más señalados es la llamada “aduana”, donde presuntamente se ejerce una extorsión sistemática. De manera arbitraria, el personal de seguridad impide el ingreso de alimentos y artículos esenciales sin justificación legal clara. Esta práctica, lejos de ser aislada, parece responder a una estrategia deliberada: desgastar económicamente a las familias hasta obligarlas a pagar cuotas para permitir el acceso de lo que por derecho corresponde. No es control, es presión. No es regulación, es abuso.
Las denuncias no se quedan en lo general. Apuntan a responsables concretos. Un custodio identificado como René es señalado como uno de los operadores clave de estas prácticas, en coordinación con un individuo conocido como “El Pelón”, quien presuntamente funge como encargado en el área de revisión externa y arrastra antecedentes de corrupción en el estado de Veracruz. A esta estructura se suma una custodia apodada “Mitzi”, acusada de ejercer un trato déspota, agresivo y humillante, particularmente contra mujeres visitantes.
Más grave aún es la acusación de que estas conductas no solo son toleradas, sino protegidas desde la dirección del penal. De ser cierto, no se trataría de actos individuales, sino de una red institucionalizada donde la omisión se convierte en complicidad. Y en ese contexto, la corrupción deja de ser un problema administrativo para convertirse en un delito sostenido por la inacción.
El hartazgo ya es evidente. “Ya basta de corrupción, ya basta de humillaciones”, claman los familiares, quienes exigen la intervención inmediata de las autoridades estatales y de la Secretaría de Seguridad Pública. No piden privilegios, exigen derechos. Solicitan investigaciones formales, sanciones ejemplares y una depuración real en la estructura del penal.
Porque aquí no solo está en juego la integridad de quienes están privados de la libertad, sino también la dignidad de sus familias. Y cuando un sistema permite que los derechos humanos se negocien como mercancía, el problema deja de estar tras las rejas: se instala en el corazón mismo de la autoridad.
El silencio, en este caso, no es neutral. Es complicidad.
