Por Chester Hernández
El eco de la corrupción vuelve a sacudir a Puebla. Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, fue inhabilitada por un tribunal tras confirmarse el desvío de recursos públicos provenientes del Banco Ahorro y Crédito Asendo. Sin embargo, la sanción parece apenas un esbozo de justicia frente a la magnitud de los hechos y, sobre todo, ante las preguntas que el caso deja flotando en el aire: ¿dónde quedó el dinero? ¿y quiénes más participaron en esta red de desvíos?
Durante los años del barbosismo, Castro Corro fue una de las funcionarias más cercanas al entonces gobernador. Su poder dentro del gabinete era indiscutible: controlaba el presupuesto estatal y tenía influencia directa en dependencias clave. Hoy, tras la muerte de Miguel Barbosa en 2022, comienzan a revelarse los rastros de un entramado financiero que, según las investigaciones judiciales, sirvió para desviar fondos hacia empresas fantasma y presuntos prestanombres. Pero la inhabilitación de Castro Corro, dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa, no resuelve el fondo del problema. Si hubo desvíos, hubo cómplices.
Y los nombres empiezan a aparecer. Durante ese mismo periodo, en la Secretaría de Movilidad y Transporte se destapó una de las redes de corrupción más descaradas del gobierno barbosista. El exsecretario Guillermo Aréchiga Santamaría, junto con Omar Álvarez Arronte, operaron un esquema de venta de concesiones, cobros ilegales y tráfico de influencias que involucraba inspectores y líderes del transporte público. Barbosa llegó a admitir públicamente que esa dependencia era “una de las cunas más fuertes de la corrupción en Puebla”. Sin embargo, tanto Aréchiga como Álvarez hoy viven en la impunidad, sin proceso penal ni sanción alguna, pese a las múltiples denuncias documentadas.
El patrón se repite en otras áreas. Según datos oficiales y observatorios ciudadanos, durante el sexenio de Barbosa más del 50 % de los contratos públicos fueron adjudicados de manera directa, sin licitación ni competencia. En 2020, por ejemplo, 494 millones de pesos se otorgaron bajo esta modalidad. A ello se suma el opaco manejo de los recursos destinados a la pandemia: más de 2 mil millones de pesos ejercidos sin registro contractual público ni evidencia de su destino.
El sistema penitenciario fue otro foco de corrupción. En el penal de San Miguel, se descubrió un “pueblito” dentro de la cárcel, con celdas adaptadas como departamentos, gimnasios y comercios controlados por reclusos con poder. Barbosa acusó a exfuncionarios de Seguridad Pública de haber permitido esa estructura de privilegios, pero, como en otros casos, nadie fue castigado.
La cadena de impunidad alcanza también a figuras beneficiadas por el poder. El empresario Eduardo Tovilla, extraditado desde Canadá por delitos financieros, fue dejado en libertad durante el gobierno del exgobernador Sergio Salomón Céspedes, en una decisión que huele a protección política.
Estos casos muestran que el combate a la corrupción en Puebla se ha quedado en el discurso. Las sanciones son selectivas, los expedientes se guardan y los nombres se olvidan. La inhabilitación de Teresa Castro Corro debe ser solo el inicio de una investigación más amplia que incluya a todos los implicados, desde exsecretarios hasta diputados y empresarios cercanos al poder.
El dinero desviado pertenece a los poblanos, y su rastro debe seguirse hasta las últimas consecuencias. Puebla no puede resignarse a vivir bajo gobiernos que cambian de nombre, pero repiten las mismas prácticas.
El silencio ya no basta. La impunidad tiene nombres y rostros, y mientras no haya justicia, la corrupción seguirá gobernando desde las sombras.
