Por Chéster Hernández
La reciente salida del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla de Marco Antonio, alias “El Pavón”, ha desatado una serie de cuestionamientos que las autoridades, hasta ahora, no han sabido —o no han querido— responder con claridad. En un contexto marcado por la violencia y la desconfianza institucional, la coincidencia temporal entre su liberación y la detención de “El Bukanas” junto con siete de sus presuntos colaboradores en el municipio de Chignahuapan resulta, cuando menos, inquietante.
¿Se trata de un simple hecho fortuito o estamos frente a una negociación encubierta? La sospecha no es menor. “El Pavón” ha sido señalado como un actor relevante dentro de estructuras delictivas en la región, por lo que su liberación difícilmente puede interpretarse como un evento aislado o carente de implicaciones mayores. Más aún, cuando ocurre prácticamente en paralelo a un operativo que culminó con la captura de otro objetivo prioritario.
La narrativa oficial ha sido parca, limitada a comunicar los hechos sin ofrecer un contexto que permita entender la lógica detrás de estas decisiones. Sin embargo, en un estado donde las redes del crimen organizado han demostrado capacidad de infiltración y negociación, la hipótesis de un intercambio de información —o incluso de favores— cobra fuerza. ¿Pudo haber sido la ubicación de “El Bukanas” la moneda de cambio para la libertad de “El Pavón”?
Este tipo de interrogantes no surgen del vacío. Se alimentan de antecedentes en los que la justicia parece operar bajo criterios selectivos, y donde los resultados espectaculares suelen ir acompañados de concesiones silenciosas. La captura de un delincuente de alto perfil puede ser presentada como un triunfo institucional, pero pierde legitimidad si, en el proceso, otro perfil igualmente peligroso recupera la libertad.
La ciudadanía merece algo más que comunicados escuetos y declaraciones ambiguas. Exige transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, la certeza de que la ley no se negocia. Mientras las autoridades no esclarezcan de manera contundente las circunstancias que rodean ambos hechos, la percepción de acuerdos en lo oscurito seguirá creciendo, erosionando aún más la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
En un escenario donde la violencia no da tregua, cualquier indicio de complicidad o negociación con el crimen organizado no solo es grave: es inaceptable.
