Por Chester Hernández
En San Andrés Cholula, municipio gobernado por el Partido Acción Nacional y encabezado por la alcaldesa Guadalupe Cuautle Torres, siguen creciendo las denuncias ciudadanas por presuntos abusos de autoridad, excesos policiacos y abandono de las colonias periféricas, mientras la administración municipal parece más enfocada en la recaudación y los operativos que en garantizar seguridad y servicios públicos dignos.
Este fin de semana fue detenido el activista Carlos Aguilar Cosme, integrante del Bloque Revolucionario Estudiantil-Popular, luego de acudir presuntamente a exigir el pago de adeudos salariales en una escuela de inglés identificada como Planet English, ubicada en San Andrés Cholula. La detención ocurrió el pasado 7 de mayo y fue dada a conocer por la Asamblea Universitaria BUAP, organización que denunció que durante varias horas se desconocía el paradero del activista y los motivos de su aseguramiento.
De acuerdo con la información difundida por dicha agrupación, el nombre de Carlos Aguilar Cosme apareció en el Registro Nacional de Detenciones y posteriormente se confirmó que se encontraba a disposición de autoridades municipales en un centro de detención de San Andrés Cholula. Horas después, compañeros del activista informaron que había sido liberado tras el pago de una fianza.
El caso volvió a encender la indignación entre ciudadanos y colectivos sociales que señalan constantes abusos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Habitantes del municipio aseguran que los operativos implementados por la corporación se han convertido en una especie de “caja chica” del gobierno municipal, donde las detenciones, multas y presuntas extorsiones son cada vez más frecuentes, mientras los verdaderos problemas de inseguridad siguen sin resolverse.
Vecinos denuncian que, mientras el gobierno municipal presume operativos y acciones mediáticas, las colonias de la periferia permanecen completamente abandonadas. La falta de alumbrado público, calles deterioradas, ausencia de mantenimiento urbano y escasa vigilancia son parte del panorama cotidiano en zonas como el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, a la altura del CRIT y San Martinito, donde la ciudadanía afirma sentirse desprotegida.
La administración de Guadalupe Cuautle enfrenta así nuevas críticas por la manera en que opera la policía municipal y por el evidente contraste entre el discurso oficial y la realidad que viven cientos de familias sanandreseñas. Organizaciones sociales y ciudadanos exigen transparencia sobre la detención del activista, así como una revisión profunda de los procedimientos policiacos en el municipio.
En medio del descontento social, crece la percepción de que en San Andrés Cholula se privilegia la persecución y la recaudación por encima de las verdaderas necesidades de la población, mientras las demandas de seguridad, infraestructura y servicios básicos continúan sin ser atendidas.
